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Basta de represión contra los trabajadores y el pueblo

Miércoles 12 de abril de 2017 | Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresamos nuestro más profundo repudio a la sucesión de hechos represivos que se vienen dando en los últimos días contra los trabajadores y el pueblo en creciente cantidad, arbitrariedad y violencia. Más allá de diferentes argumentaciones con las que los funcionarios de turno intentaron justificar cada agresión, amplificadas por sus voceros mediáticos, señalamos que se trata de una política general impulsada y ejecutada por el gobierno nacional, incompatible con la plena vigencia de un estado de derecho.

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En el último mes podemos señalar la salvaje razzia en la Ciudad de Buenos Aires contra distintas mujeres que habían permanecido cenando o circulando en las inmediaciones una vez terminada la gran manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora; el ataque policial en Lanús contra el merendero del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), donde una mujer embarazada perdió a su bebé y tres menores fueron desaparecidos durante horas; la detención arbitraria de la militante de La Garganta Poderosa, Micaela Brambilla, por cuestionar la detención de un menor de edad; el violento operativo en la ciudad de Rosario del Comando Radioeléctrico contra un barrio de la comunidad indígena Qom, que dejó 14 detenciones arbitrarias y un herido que fue abandonado en un descampado con dislocación de hombro y pérdida de piezas dentales; las represiones contra los manifestantes en Panamericana y Puente Pueyrredón en el marco del Paro General del 6 de abril; el operativo de desalojo en el barrio porteño de Pompeya de los obreros de AGR-Clarín, con el despliegue de tropas especiales de Gendarmería y Policía de la Ciudad con armas largas y ametralladoras; y la represión en Congreso contra los docentes que montaban la Escuela Itinerante, la nueva Carpa Blanca.

Esto se suma a las continuas denuncias de organismos de derechos humanos en relación al incremento desde el inicio del gobierno macrista de detenciones arbitrarias en la vía pública, entre otras prácticas autoritarias ejercidas por las fuerzas policiales contra pobres y jóvenes en particular; y la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, cuestionada por numerosos organismos internacionales, entre ellos la CIDH y la ONU.

Nuestra organización gremial ya ha expresado en repetidas oportunidades la solidaridad de clase con las compañeras y compañeros docentes y su justo reclamo hacia el gobierno nacional para que cumpla con la ley y convoque a la paritaria salarial nacional. Desde el oficialismo se lanzó una campaña de hostigamiento y demonización contra los reclamos de la clase trabajadora, con particular foco en los maestros, que continúa incrementando su virulencia y que merece, en sí misma, todo nuestro repudio.

Más grave aún, la misma ha desembocado en la represión contra la Escuela Itinerante, que luego intentaron justificar con argumentos tales como una supuesta falta de habilitación y que los docentes reprimidos no serían docentes. Ambos son falsos.

En relación al primer planteo, sin remitirnos a la Constitución Nacional, el propio Código Contravencional de la CABA afirma que “el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención”. Es decir, el derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades no está sometido por el código de contravenciones y el manifestante debe dar “aviso”, que es unilateral, y no pedir “autorización”, que implica una respuesta explícita de la contraparte, en este caso, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En relación al segundo, los maestros Juan Manuel Mauro y Miguel Angel Acuña fueron arrestados la noche de la represión, bajo la acusación de “hurto”. Ambos trabajan en la secundaria de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, y están afiliados a UTE. Acuña, a partir de su militancia en el Movimiento Evita -que ya no integra- fue candidato en el 2013 por el Frente para la Victoria y ese dato fue utilizado, como si bastara, para justificar su detención y descalificarlo como docente.

Si hoy nos detenemos en estos detalles es para ejemplificar de manera más clara el clima de violencia e intolerancia ante los reclamos sociales que están generando de forma irresponsable las patronales y el actual gobierno nacional, y amplifican algunos voceros que reciben generosas pautas del Estado, tanto empresas mediáticas de periódicos, radio y televisión, como empresas de nuevo tipo que montan campañas de marketing político en las redes sociales mediante la creación de miles de usuarios falsos.

Las consecuencias del discurso antiobrero ya están a la vista. Hace pocos días, el 30 de marzo, ya se cobró la vida del compañero Jonathan Gardini, del Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada de San Lorenzo, que protestaba frente a su planta. Ayer, trabajadores de General Motors y un policía fueron atropellados en Rosario cuando los primeros se manifestaban frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

Porque tenemos memoria, recordamos lo que ocurrió en nuestra historia reciente cada vez que el gobierno pretendió “resolver” la conflictividad social mediante la represión. Costó 38 vidas el 19 y 20 de diciembre de 2001, y las de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de 2002, y terminó con la viabilidad política de ambos gobiernos.

Desde nuestra organización gremial demandamos a todos los niveles y poderes del Estado -en particular al ejecutivo nacional- que cesen inmediatamente con esta política represiva y nos pronunciamos por la defensa de los derechos democráticos de libertad de expresión, huelga y protesta reconocidos en la Constitución Nacional.

Comisión Directiva

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina

F.T.C.I.O.D y A.R.A.