En el marco del 72° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador se desarrolló el panel “Reformas y contrarreformas laborales: situación de la clase trabajadora en América Latina” a cargo de cuatro abogados laboralistas de Chile, Ecuador, Cuba y Colombia, quienes nos brindaron su visión sobre lo que ocurre con la clase trabajadora y los pueblos en cada uno de sus países, que son distintos y complejos, pero que reflejan una voluntad transformadora y necesidad de resistencia a los diferentes procesos de reformas laborales regresivas en toda Latinoamérica. El mismo contó con la coordinación de Matías Cremonte, Asesor legal de la FTCIODyARA y Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL).

En primer lugar, intervino Carmen Espinoza, abogada laboralista, asesora sindical, presidenta de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile y Vicepresidenta Regional de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas, quien repasó e historizó las diferentes etapas del sindicalismo en Chile y cómo fueron y vienen siendo agredidos los derechos de los y las trabajadoras.

Espinoza partió de que “a principios del siglo XX los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación social o laboral que los favoreciera o les brindara protección”, y que “fueron ellos mismos, a través de las mutuales y las sociedades asistenciales mancomunales, quienes se organizaron para proteger a los asociados y fomentar la solidaridad proletaria”. En tanto que el contexto, relató, era de “una desigualdad social tremenda: marginación del progreso económico, problemas de hacinamiento, malas condiciones laborales y de vida, migración campo-ciudad”.

Carmen Espinoza.

Mención especial brindó a la experiencia sindical durante la Unidad Popular de Salvador Allende: “el gobierno de la Unidad Popular contemplaba la creación de un Estado popular y economía planificada, en gran parte estatizada. Esto en Chile nunca se había dado. Siempre los gobiernos estaban al servicio de los poderes económicos. El gobierno de la Unidad Popular intensificó la reforma agraria, estabilizó el sistema bancario e hizo control de las principales empresas. Firmó un acuerdo de mutua colaboración con la Central Única de Trabajadores (CUT) de Chile, dando un paso muy importante en el reconocimiento y en cuanto a fijar una política de acuerdos sobre los salarios”.

Luego, contó, sobrevino el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet: “fue un golpe al sindicalismo. La dictadura mutiló a los sindicatos, negándoles a todos los trabajadores el libre derecho de asociación. Se cancela la personería jurídica de la CUT, a pocos días del golpe, entendiendo que la fuerza organizada de los trabajadores era un peligro para la dictadura. Para 1975 ya había 5 mil dirigentes y activistas asesinados y 120 arrestados y desaparecidos. Y se prohibió la negociación colectiva entre 1974 y 1983”, relató.

Trazando una línea entre el pasado y el presente laboral chileno, Espinoza consideró que “las bases de la dictadura siguen vigentes”, dado que hace poco Chile cumplió 50 años de la dictadura y “pareciera que los postulados que se plantearon en esos años, están no sólo vigentes, sino también reforzados, consolidados e interiorizados”. En esa línea, resaltó: “hoy existen tres centrales sindicales y dos que aspiran a serlo. No está sindicalizado ni siquiera el 15% real de la masa de trabajadores. Y de ese 15% no está ni el 4% afiliado a una central sindical. Por lo tanto, las centrales de hoy en día, incluso la CUT, tienen un nivel bajísimo de organizaciones sindicales afiliadas”.

Finalmente, con respecto al proceso en torno a la reforma constitucional chilena y su impacto en la clase trabajadora, agregó: “en el 2022 se desbarata el sueño de una constitución social, democrática e inclusiva, y hoy tenemos el proceso de una constitución que si logra ser aprobada retrocederemos en derechos sociales, laborales y humanos al siglo XIX. Estamos en un proceso en el que se elimina prácticamente la huelga, en el que se le da el poder a las empresas, se accede a la privatización de todos los espacios públicos, en que se eliminan los derechos en avance respecto las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, se abandona la educación y la salud pública, se constituyen las AFP (administradoras de fondos de pensiones)”, explicó.

Rubén Castro.

A su vez, el abogado Rubén Castro, abogado laboralista, asesor sindical, profesor universitario, cofundador de la Asociación de Abogados Laboralistas de Ecuador y Secretario de Derechos Humanos Laborales de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, se refirió a la situación del movimiento obrero y sindical en Ecuador, destacando el alto desempleo y la preocupación por el trabajo infantil.

“Nosotros tenemos una población económicamente activa, un país pequeño realmente, en relación a ustedes, de aproximadamente 9 millones de habitantes – contó – Y de esos, aproximadamente 3 millones son las personas que tienen empleo adecuado. Entre esos 3 millones tenemos también apenas a 1,6 millones de personas que están en condiciones de desempleo y tenemos índices que realmente generan un escenario de preocupación, porque incluso niños trabajando entre 8 y 14 años representan un índice de aproximadamente del 7% de personas que laboran. El Ministerio del Trabajo nos entrega información de que en el año 2022 la contratación de trabajadores llegó a un volumen de aproximadamente 490 mil”.

En cuanto a los modos de contratación existentes en su país, especificó: “con motivo de las reformas que se han adoptado últimamente, se crearon de manera inconstitucional modalidades contractuales como el contrato especial inteligente, el contrato por obra o servicio determinado. Esta contratación en realidad se convierte en un mecanismo de deterioro, sobre todo de los derechos relacionados con la estabilidad y, obviamente, con el goce de otras posibilidades que tienen los trabajadores. Se anula la contratación colectiva en este tipo de contratos. Los trabajadores pierden incluso posibilidades de acceder a gozar de los beneficios que se pagan en jornadas especiales. Los cinco contratos más usados en el Ecuador por actividad económica corresponden a los contratos de comercio que se generan en la agricultura y ganadería, en las industrias manufactureras, en las actividades de servicios administrativos y de apoyo y en la construcción. Implica que, efectivamente, en el Ecuador vivimos en este momento un régimen de absoluta inestabilidad laboral. Los trabajadores están sometidos a circunstancias de arbitrariedad empresarial o patronal. Los despidos justificados apenas alcanzan a ser el 2.9% del total de despidos”.

Para cerrar su intervención, con respecto a la presencia de organizaciones sindicales en Ecuador, Castro explicó: “tenemos aproximadamente 5.800 organizaciones que forman el total de organizaciones sindicales que están en este momento inscritas en el registro del Ministerio del Trabajo, 5.835 organizaciones que abarcan a 312.000 personas sindicalizadas, con una tasa de sindicalización que no llega al 4%. ¿Por qué la debilidad de estas organizaciones sindicales? Para nosotros la presencia de varias centrales sindicales ha significado efectivamente un grave debilitamiento de la fortaleza sindical. Diez centrales sindicales que obviamente a estas alturas carecen de representatividad y de dignidad entre los trabajadores del país. Este es un problema muy serio que está ligado a lo que a ustedes les he oído como educación o cultura sindical. El abandono de las escuelas de formación sindical. Y lo más grave es que a estas alturas el sindicalismo ecuatoriano ha optado por actuar en el escenario público básicamente abordando los temas inmediatos sin tener una propuesta programática”, diagnosticó.

Guillermo Ferriol.

Por su parte, Guillermo Ferriol, abogado laboralista, profesor de la Universidad de La Habana, asesor de la Central de Trabajadores de Cuba, Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, se refirió a la situación en Cuba, criticó la desinformación y ataques hacia el país, y destacó que Cuba discutió ampliamente la nueva Constitución, que reconoce el derecho de los trabajadores a asociarse y a la negociación colectiva.

En principio, se refirió a la reforma constitucional cubana y su aporte a la defensa de los derechos laborales: “Cuba es un país del cual se publican muchas cosas, la mayoría negativa y la mayoría falsa. ¿Por qué? Porque forma parte de la guerra mundial. De la guerra que nos quieren imponer. No se reconoce una serie de derechos reconocidos para los sindicalistas y las personas en Cuba, para decir que Cuba es un estado fallido. En 2019 se aprobó una nueva Constitución en Cuba. Una nueva Constitución que reformó muchos elementos del Estado Socialista de Derecho. Esa Constitución fue discutida con toda la población. Se dieron, realmente, 6 mil sugerencias de colaboración y se aceptaron casi todas. Y fueron a votar más del 90% de las personas en Cuba. Un voto voluntario y secreto. Y de ese 90% que votó, el 86% aprobó esa Constitución. Una Constitución que trae cambios muy importantes. Ratificó a los trabajadores el derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos. A promover acciones administrativas y judiciales. Reconoció también esa Constitución algo que existía antes, que era la negociación colectiva”.

Luego contó cómo se estructura el sindicalismo en la isla y cómo se distribuye el empleo: “en Cuba hay una central sindical a la cual están afiliados 15 sindicatos nacionales. Hoy también la economía cubana, a partir de la Constitución de 2019, se ha modificado, no es básicamente estatal como era antes. Hoy el 30% de la economía cubana es privada, y se han constituido casi 10.000 empresas privadas, pequeñas empresas privadas. En el sector urbano o estatal, que sigue siendo mayoritario, el 98% de los trabajadores están afiliados, una afiliación ya voluntaria. Y en el sector privado hoy el 66% de los trabajadores y trabajadoras están sindicalizados. La contratación básica, en materia de contratación individual, es el contrato tomado por tiempo determinado. Y no hay causas como omisiones o causales de despedida libremente por el empleador. Son las que están impuestas en la ley”.

En la misma línea, agregó: “hoy tenemos en Cuba también la Ley de Seguridad Social. La modificamos de la Ley de 2008. ¿Por qué? Porque en Cuba hay un proceso acelerado de envejecimiento de la población: hoy el 22% de los cubanos y no cubanos tienen más de 60 años de edad. Y en el año 2030, el 30% de los cubanos y no cubanos van a tener más de 60 años de edad. Va a ser el país más envejecido de América. Desde el año 1978 en Cuba no hay reemplazo efectivo de la población. Desde el año 2003 a 2004 introdujimos la legislación para que los padres y las madres pudieran disfrutar de la licencia de la maternidad”.

Luisa Fernanda Gómez Duque.

Finalmente, llegó el turno de Luisa Fernanda Gómez Duque, de Manizales, Colombia, profesora universitaria, asesora sindical y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, quien analizó la actual propuesta de reforma laboral, cuya primera propuesta fue presentada en marzo de este año y que fracasó porque la boicotearon los congresistas: “no se debatió. La patronal tiene muy claro qué es lo que se pelea cuando peleamos derechos laborales, tiene muy claro que esto es un escenario de la lucha de clases y da la pelea. Y nosotros tenemos que darla y tenemos que asumirla igualmente con la entereza que demanda nuestro tiempo y nuestro presente”.

“La propuesta de reforma – continuó – tiene varios ejes muy importantes. Primero, el interés de formalización laboral. Nos dicen que más derechos a los trabajadores implica que empresarios medianos o microempresarios se quebraron, y que va a haber más desempleo. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que las economías se dinamizan en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras tengan también un mejor poder adquisitivo”.

Asimismo, remarcó que una reforma laboral progresiva en Colombia debe estar acompañada de otras reformas complementarias: “no se puede pensar aislada de la reforma tributaria. Tampoco aislada de la intención del gobierno nacional de aplicar de verdad los Acuerdos de Paz que se suscribieron y que, en su punto uno, están planteando una condición fundamental para el desarrollo del campo y las posibilidades de industrialización de nuestro país. Tampoco podemos pensarlo de la reforma del sistema previsional espantoso que tenemos (solo el 28% de la población de nuestro país tiene pensión). Cuando las reformas laborales se miran de forma aislada y no como una parte más para alcanzar la justicia social, es fácil decir todos los problemas dramáticos que van a traer, porque sólo se está evaluando desde la perspectiva del capital y no desde la de los trabajadores”, señaló.

Para finalizar, planteó que si bien todos los países de Latinoamérica tienen en común las luchas de la clase trabajadora contra las reformas laborales regresivas, en Colombia está la particularidad de la fuerte presencia de la violencia cotidiana: “ser sindicalista en mi país es poner la vida en riesgo. La organización sindical ha sido estigmatizada en todo el mundo. Pero en mi país ha implicado la muerte, la persecución judicial, la desaparición forzada, el desplazamiento, y que antes de afiliarme a un sindicato yo pienso cómo se quedan los muchachitos sin papá, sin mamá, cómo van a pagar las obligaciones económicas. Cómo es que la vida puede ponerse en riesgo por una causa que, definitivamente, es una causa justa, y que no debería tener que significar la anulación o exterminio del otro”.