La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina repudia de manera enérgica las políticas represivas desplegadas por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, en particular el decreto dictado el viernes último con el que se atribuye la potestad de multar, inhabilitar y despedir a quienes ejerzan los derechos constitucionales de huelga y protesta.

El pueblo jujeño se ha manifestado ampliamente en los últimos días por su salario y derechos democráticos. Miles de docentes hacen paro y se movilizan desde hace más de una semana reclamando aumento, confluyendo con organizaciones sociales, sindicales y otras que repudian el intento de Reforma de la Constitución Provincial que impulsa Gerardo Morales.

Las razones del rechazo consisten en que, entre otros puntos, la citada Reforma eliminará el derecho a votar cada dos años, le dará la mitad más uno de legisladores a quien quede en primer lugar quitando representación a las minorías e introducirá restricciones al derecho a la protesta.

En este contexto, el viernes último, Gerardo Morales sancionó el Decreto 8464 que modifica el Código Contravencional, estableciendo sanciones contra quienes participen en movilizaciones o actos en la vía pública. La medida incluye multas de hasta $ 250.000 sólo por marchar -si el gobierno considera que hubo daños, se duplicaría-, inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta dos años, medida orientada contra opositores con cargos electivos, y para los empleados públicos -trabajadores estatales, docentes, de salud- la contravención será considerada falta grave y, en caso de reincidencia, constituirá causa suficiente de cesantía. Es decir: despidos por participar en dos marchas.

Esta norma arbitraria y de naturaleza profundamente antidemocrática, que pretende penalizar la manifestación de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país, debe ser derogada inmediatamente.

Nuestra organización gremial advierte además que se trata de un ensayo general de lo que el espacio político que integra Gerardo Morales, Juntos por el Cambio, pretende ejecutar si llega al gobierno nacional.

No es la primera vez que el gobierno de Jujuy innova en políticas represivas que luego se replican a nivel nacional. Ya lo hizo con la persecución política, mediática y judicial -denominada lawfare– contra referentes sociales en su provincia a principios de la gestión de Mauricio Macri, que luego se reprodujeron como método contra dirigentes sindicales, populares y partidarios a lo largo del gobierno de Cambiemos.

El movimiento obrero debe prepararse para enfrentar de la manera más enérgica esta escalada en la ofensiva contra los derechos de las y los trabajadores argentinos.

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.