A 50 años del inicio de la dictadura genocida, que pulverizó los salarios, destruyó la industria y multiplicó la deuda externa, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Es parte de un camino que recorremos junto al resto de la clase trabajadora y compartimos codo a codo con las y los familiares de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Por eso, exigimos que avancen los juicios de lesa humanidad para investigar y castigar la responsabilidad empresaria en esos crímenes. Y en esta jornada histórica adherimos y convocamos a movilizar a las marchas y actos que se realizarán en todo el país.

La dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue un ataque total contra la clase trabajadora. Antes de cumplirse un mes del asalto al gobierno, esa dictadura llevó adelante su propia reforma laboral: congeló la actividad gremial, suspendió el derecho a huelga, las paritarias, las asambleas, congresos y elecciones. Además, eliminó los fueros sindicales, junto a muchos otros derechos laborales.

Ese ataque, que incluyó el secuestro completo de cuerpos de delegados, también alcanzó a los asesores de los sindicatos y al autor de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Profesionales, Norberto Centeno. Fue secuestrado junto a otras trece personas -entre abogados y familiares- en un operativo ilegal que se conoció como “La noche de las corbatas”.

Al mismo tiempo que atacó a la clase trabajadora, la dictadura aplicó una política de desindustrialización, apertura de importaciones y de desregulación de sectores cruciales de la economía, como el capital financiero, con la Ley de Entidades Financieras que continúa vigente hasta hoy.

Son rasgos de la política de miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh en 1977, donde señaló que, en el primer año, la dictadura había “reducido el salario real un 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar”.

Fue un verdadero plan económico de empobrecimiento y desigualdad. Para aplicarlo tenían que desarticular a un movimiento obrero que estaba organizado y movilizado.

Desde el Cordobazo y los Rosariazos, hasta bien entrada la década del 70, crecían las luchas salariales y por condiciones laborales con ocupaciones de fábricas y dirigentes combativos que disputaban las conducciones.

Por eso, el accionar sistemático y criminal de la Junta Militar se ensañó con delegados, comisiones internas y activistas de todo el país. Fueron perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados por haberse organizado para defender sus derechos y los de sus familias.

En nuestra organización gremial lo sabemos bien.

Las y los compañeros aceiteros de la planta de Molinos Ríos de la Plata Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sufrieron el zarpazo de la dictadura. Bajo el señalamiento de la patronal de Bunge & Born, 26 compañeras y compañeros fueron secuestrados y permanecen desaparecidos: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía 6 meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.

Nuestra Federación los continúa representando y es querellante en la causa que investiga la responsabilidad empresaria en su desaparición, que el próximo 23 de abril dará un paso más porque comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Molinos Avellaneda.

De igual manera, la patronal de Vicentin participó de la represión ilegal. Dentro de la fábrica en su planta de Avellaneda, Santa Fe, fueron detenidos compañeros obreros aceiteros, como Oscar “Cacho” Zarza, y quedaron durante años como presos políticos.

Desde la recuperación de la democracia, una y otra vez han venido distintos gobiernos a completar la tarea: atacar la organización de la clase trabajadora y liberar de todo control a las empresas.

Una y otra vez la clase trabajadora y el pueblo se organizaron para revertir ese proceso. Lo hizo el movimiento obrero con Saúl Ubaldini a la cabeza en 1982, que fue el punto de quiebre donde empezó a caer la dictadura. Lo volvió a hacer con la larga resistencia en los 90 contra el neoliberalismo, que culminó con la rebelión popular de 2001.

Lo volvimos a hacer construyendo unidad y rechazando las reformas previsional y laboral durante el macrismo, y lo estamos haciendo ahora, con el Frente de Sindicatos Unidos y en cada lucha por salario, trabajo y cada uno de nuestros derechos que surge y crece en todo el territorio nacional.

Por eso hoy, ante un nuevo 24 de marzo que no es un aniversario más, contra el negacionismo, el ajuste y la represión, reafirmamos nuestro compromiso por la vigencia plena de todas las garantías constitucionales y los derechos laborales y sindicales, y con más fuerza seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

No olvidamos ni perdonamos.

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.