El gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de criminalización de la protesta y el ataque contra los sindicatos, que incluye la pretensión de anular el derecho a huelga, al denunciar penalmente al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, a quien expresamos toda nuestra solidaridad de clase.

Esa denuncia es parte de una política que comenzó a desplegarse a las pocas horas de asumido el gobierno, que debutó con una devaluación brutal que condenó a la pobreza a más trabajadores, desempleados y jubilados, con la aplicación de un protocolo antipiquetes. Continuó con una reforma laboral regresiva, que no generará mayor empleo sino todo lo contrario, siguió con la Unidad de Seguridad Productiva, y ahora empezó a denunciar a los trabajadores que se organizan para defender sus derechos.

No es la justicia penal la que debe resolver los conflictos laborales sino, en todo caso, la autoridad administrativa del trabajo o la justicia laboral. Eso demuestra que no existe en el Gobierno Nacional ninguna intención de resolver este conflicto colectivo de trabajo.

El gremio aeronáutico, conformado por diferentes sindicatos, que se encuentran peleando en unidad contra la política gubernamental de reducción de los salarios reales, está siendo víctima de ataques en el marco de un reclamo legítimo.

Es evidente que el gobierno está utilizando este conflicto para avanzar en su decisión de privatización de la aerolínea de bandera, y al mismo tiempo, para restringir el derecho de huelga.

Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras aeronáuticas, y con sus dirigentes, y repudiamos categóricamente este nuevo intento de criminalización de la protesta.

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.