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Histórico Plenario conjunto: “Una decisión que va a repercutir en todo el país”

by Prensa F.T.C.I.O.D y A.R.A. in Delegados

En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en pleno Cordón Industrial del Gran Rosario se realizó el Plenario Nacional de Delegadas y Delegados Aceiteros convocado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA). Luego de muchos años, las y los representantes de base de ambos gremios se reencontraron en un plenario conjunto que tuvo como título y objetivo “Defender lo conquistado”.

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Daniel Succi y Daniel Yofra.

El miércoles 24 de julio se llevó adelante un plenario histórico para las y los trabajadores aceiteros, donde se profundizó la coordinación construida entre sus organizaciones sindicales. Bajo esta mirada de unidad y tras un análisis profundo del contexto actual, el cuerpo de delegados decidió otorgar mandato a ambas organizaciones sindicales para llevar adelante un plan de lucha ante los ataques del gobierno de Javier Milei.

Por la mañana, horas antes de los acuerdos y festejos, el plenario comenzó con la palabra de Daniel Succi, secretario general del SOEA San Lorenzo, y de Daniel Yofra, secretario general de la FTCIODyARA, quienes estuvieron acompañados por Marco Pozzi, secretario general del SOEAR Rosario, Martín Morales, secretario gremial del SOEA San Lorenzo, Eduardo Labra, tesorero de la FTCIODyARA y Hugo López, secretario adjunto del SOEA San Lorenzo.

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Crónica: Prensa FTCIODyARA. Fotos: Nicolás Parodi. 

Succi comenzó resaltando que la unidad de ambas organizaciones sindicales se basa en un acuerdo central: “Defender los derechos de los trabajadores”; por lo que celebró la realización del plenario conjunto que “es para charlar entre nosotros, para que las asesorías legales de cada uno de los gremios nos den un informe profundo sobre la reforma laboral, que como dirigente gremial digo que es el genocidio de la clase trabajadora”. Succi recordó el trabajo que realizaron ambos gremios para luchar por mejores salarios y condiciones laborales, enfrentándose a las “más grandes y mejores empresas del mundo”. “Ha costado mucha labor”, rememoró. “Es un gusto y un honor para este Cordón Industrial, donde se produce el 84% de la producción del país, tenerlos a todos ustedes acá, es un gustazo enorme, y creo que, como digo siempre, hay que ir hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de los trabajadores”, cerró el Secretario General del SOEA.

Continuó la apertura Daniel Yofra, quien compartió el placer de realizar este plenario conjunto y sostener la unidad entre ambas organizaciones sindicales, que llevó “tiempo y sacrificio”. “Hemos logrado una unidad que hacía muchos años no se daba y hoy lo transformamos en un congreso de delegados y delegadas de todo el país, en donde todos vamos a tener la responsabilidad de tomar las decisiones que creamos convenientes hacia el futuro, no solo como trabajadores y trabajadoras, sino también por el futuro de nuestras familias”, aseguró. Bajo la mirada atenta de los cientos de delegados y delegadas presentes, Yofra advirtió: “Tenemos que estar más atentos que nunca porque seguramente va a haber mandos medios, supervisores, jefes y gerentes, que van a venir a incidir en nuestra relación, por eso hoy más que nunca tenemos que fortalecerla”. En línea con esta idea, explicó que la defensa de la unidad es con medidas de fuerza a las empresas, pero también al gobierno “que está minado de patrones”. “Hoy es una oportunidad histórica de unidad, y creo que muchos sectores, muchos compañeros, muchos trabajadores, van a estar mirando qué es lo que vamos a hacer en los días siguientes. Bienvenidos y que siga esta unidad para siempre”, cerró.

Panel: “La reforma laboral regresiva: Aspectos individuales y colectivos” 

El primer panel estuvo a cargo de asesores legales de ambos gremios, con María Laura Campas, abogada del SOEA San Lorenzo, y los abogados de la FTCIODyARA, Carlos Zamboni Siri y Matías Cremonte.

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Zamboni Siri dio inicio a la presentación y saludó: “La oportunidad en este encuentro es especial, por lo que significa hoy, después de tantos años, cómo se ha transformado esta organización aceitera y la realidad en la que se encuentran hoy en cada una en las plantas”.

El asesor de la FTCIODyARA continuó explicando el recorrido legal del DNU de Javier Milei, así como los anuncios del Gobierno nacional que atentan contra los derechos laborales, y criticó el posible aval de la CGT “dando el visto bueno a algunas cuestiones, pero que esperemos no sea así”. Con este panorama, destacó las últimas huelgas nacionales contra la Ley Bases durante su tratamiento, y aseguró que este plenario “es donde nos encontramos a debatir y a pensar en el marco de un plan de lucha que han sabido llevar los aceiteros y desmotadores del país”.

“No nos fue bien porque la ley salió, pero nadie les puede decir que no hicieron lo que había que hacer en ese momento, y que seguramente seguiremos haciendo, para volver a recuperar lo que estamos perdiendo en general como clase trabajadora”, aclaró. En ese sentido, repasó las distintas reformas laborales realizadas en el país que atacaron los derechos de los trabajadores: “Si estudiamos la historia desde el 76 en adelante, vamos a encontrar distintos intentos, algunos con éxito, otros que no avanzaron”. Y sumó la frase de Friedrich von Hayek, viejo admirador del régimen de Augusto Pinochet y “economista de cabecera” de Milei, quien decía que “no habrá salvación para ningún país del mundo hasta que los privilegios concedidos a los sindicatos sean anulados”.

Zamboni Siri sintetizó en estos dos conceptos que “no es la primera vez” que la clase trabajadora tiene que luchar en defensa de sus derechos, y que estos ataques “buscan borrar de nuestra memoria colectiva” el recuerdo de las batallas dadas.

En esa línea, este nuevo embate contra la clase trabajadora de Milei y “de los empresarios que detentan el poder real en la Argentina” tiene como objetivo un ajuste que “no es uno fiscal simplemente” sino que “tiene que ver con ajustar el mercado de trabajo”. Zamboni Siri describió los obstáculos que enfrenta este ajuste: las leyes laborales. “Por eso la reforma va contra la legislación obrera que tiene más de 100 años”, y los sindicatos. “El obstáculo principal son ustedes, los trabajadores organizados, los delegados en los lugares de trabajo”, insistió y convocó: “Debemos ser el principal obstáculo de resistencia a las reformas que llevan adelante los gobiernos neoliberales”.

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Carlos Zamboni Siri.

Zamboni reiteró que esta nueva reforma laboral tiene como objetivo principal destruir “todo aquello que haga fuerte y dé poder a la clase trabajadora para poder resistir estos embates y pensar en una sociedad distinta”. Y ejemplificó: “Una de las primeras cuestiones que quieren tratar y llevar adelante es habilitar la renunciabilidad de derechos, es decir, habilitar que un trabajador, en el nombre de la libertad, como ellos la entienden, pueda renunciar a sus derechos. Detrás de esto está una de esas características que son los convenios colectivos de actividad, articulados con otros convenios colectivos de empresas; el caso nuestro de aceiteros”. “Si la reforma avanza en que los trabajadores de forma individual puedan renunciar a los convenios colectivos se pone directamente en crisis el histórico modelo sindical argentino”, sentenció y aseguró que esto viene a romper una herramienta que le ha permitido al sindicalismo argentino “resistir durante todos estos años, pese a la dictadura genocidia y pese a los 90”. “Y, por supuesto, el otro objetivo principal de la reforma tiene que ver con limitar, cuando no prohibir y criminalizar, la otra herramienta fundamental de la clase trabajadora, que es la huelga; sin huelga no hay sindicatos, sin huelga no hay negociación colectiva, una paritaria sin la posibilidad de huelga es pedir limosna en la calle”, advirtió.

Sobre este escenario, el asesor legal planteó el desafío de no sólo “salir a luchar” sino también “mostrarle a la sociedad que ese sindicalismo que nos quieren decir que es feo y malo, no es el verdadero”. “El verdadero sindicalismo lo construyen ustedes todos los días dentro de la fábrica. Mi viejo nos decía hace muchos años, ´orgullo de ser laboralista´, eso es lo que tienen que pensar, compañeros: es un orgullo ser delegado, que sus compañeros los elijan dentro de la fábrica; no tenemos que tener vergüenza, nadie tiene vergüenza de ganar bien, porque lo han conseguido a través de la lucha, nadie les regaló nada. El ejemplo de los aceiteros es uno de lucha y de triunfo”, aseguró. “Tenemos veinte años ininterrumpidos de negociación colectiva, en la que hemos reconstruido no sólo la conquista de un Salario Mínimo, Vital y Móvil que nos alcance para tener una vida digna y cubrir todas las necesidades, tal cual lo dice la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución, sino que hemos reconstruido un poder dentro de cada una de las fábricas que se demuestra cada vez que ustedes deciden ir a una medida de fuerza”, reafirmó Zamboni Siri y aseveró: “Ese poder obrero es la garantía a la hora de ir a pelear el salario”. “Lo que nos preguntamos todos es cómo vamos a enfrentar esto: por supuesto que tenemos que analizar la letra chica, pero también tenemos que ver esto que hemos construido en estos 20 años como clase trabajadora argentina”, rememoró.

Por último, Zamboni Siri volvió a celebrar la unidad de acción entre la Federación y el SOEA de San Lorenzo: “Ante este nuevo combate, que ustedes han decidido enfrentar, hemos construido poder, estamos decididos a no perder todo lo que hemos conquistado, por eso el plenario se llama ´Defender lo Conquistado´ y no tenemos ninguna duda de que nuestras herramientas principales para hacerlo son la unidad, la lucha y la huelga en cada una de las fábricas y en todo el país. Nos encontrarán a los y a las abogadas al lado de ustedes, en las puertas de las fábricas, en los lugares de trabajo, defendiendo lo que hemos conquistado”.

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María Laura Campas.

La abogada del SOEA San Lorenzo, María Laura Campas, fue la siguiente oradora y retomó el sentir de Zamboni respecto del Plenario conjunto: “Tenemos que destacar la unidad que hemos vuelto a conseguir y que es lo que nos va a mantener firmes en esta lucha que se nos viene”. Campas centró su presentación en los derechos individuales de los trabajadores que modificó la reforma laboral impuesta con la Ley Bases. La abogada aclaró que en el DNU que está judicializado se modifican derechos, pero todavía no están rigiendo dichas modificaciones. En ese sentido, se centró en la Ley Bases que sí está vigente.

Campas repasó los artículos que fueron modificados con la nueva legislación: “Hubo una modificación en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que habla sobre la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Este es un punto fundamental, han tratado de ir contra los principios fundamentales del derecho de trabajo que tenemos”. Explicó que “antes la ley hacía hincapié que, en caso de existencia de duda, se iba a presumir que existía un contrato de trabajo, que había una relación laboral”. “Esto es importantísimo porque en la relación laboral hay un empresario y un trabajador, esto implica una desigualdad en la negociación en las condiciones de trabajo; entonces la ley tiene principios protectorios con el trabajador”, detalló y añadió que “este principio de la presunción de la existencia de un contrato de trabajo es fundamental porque ante el caso de duda, se presumía que había un contrato de trabajo, no que había un contrato de locación de servicio, de obra”. Sin embargo, con los nuevos cambios se abre una posibilidad a favor de las empresas contratistas, indicó Campas y ejemplificó: “Ahora abre la posibilidad, por ejemplo, que Juan Pérez tenga una empresa de montaje con cinco personas que le facturan y son los que llaman monotributistas, que tanto se luchó con eso en aquel momento”. “Tenemos que estar alertas porque es ahí donde van a venir las empresas porque bien sabemos que tienen todos empresas contratistas en cada una de las plantas, así como sabemos que muchos empresarios, gerentes, tienen negocios atrás de eso”, advirtió. Esto, explicó, se trasladó a la seguridad social, es decir, “no puedo pedir los aportes de jubilación, por ejemplo”. Otro artículo mencionado fue el 29 de la Ley de Contrato de Trabajo relacionado a la “intervención, solidaridad y subsidiariedad”. La abogada explicó que antes de la modificación, cuando una empresa contrataba a otra para tercerizar una tarea, la responsabilidad era compartida, solidaria; mientras que ahora, solo la contratista responde por el trabajador. “Antes había solidaridad, van a empezar a contratar a través de empresas contratistas porque les sale más económico, les conviene porque no tienen responsabilidad”, reveló.

Otra modificación destacada por Campas fue el artículo 97 que indica que “el trabajador independiente podrá contratar hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante una empresa”. “Esto es lo que le van a ir a decir a la gente: son todos monotributistas”, advirtió. Campas hizo hincapié en una parte del artículo que refiere al fraude o simulación: “Dice que queda prohibido obtener beneficio a través del fraude; es ahí donde nosotros vamos a tener que estar presentes y ver, porque si se llenan las empresas de estas mínimas empresitas contratistas, ahí hay un fraude”. “Ustedes tienen que tener esa herramienta y tienen que grabarse eso en la cabeza cuando vayan a las comisiones internas, cuando vean que se está terminando con toda estas empresitas, tener en cuenta el fraude que ellos están haciendo”, indicó a las y los delegados presentes. “Claramente, ustedes saben cuándo hay un fraude”, indicó y propuso: “Cuando yo detecto que hay un fraude, puedo ir a pedir esa nulidad de ese contrato que estaba imponiendo esas partes para poder regirlo porque eso, afortunadamente, no fue tocado”.

Campas se refirió a los convenios colectivos y la posibilidad de que llegue el momento de abrirlo. “En algún momento nos vamos a tener que enfrentar a abrir el convenio, a reformar algunas cuestiones para tratar de justamente de abarcar cuestiones como esta”, indicó en relación a un artículo del convenio de la actividad hotelera que determina que “cuando un dependiente sea contratado por una concesionaria de la actividad, tanto los terceros contratantes o la empresa donde se cumplan los servicios serán solidariamente responsables de todas las obligaciones”. “Ese artículo de este convenio en la actividad hotelera, está bueno porque el propio convenio colectivo lo hace responsable solidariamente”, explicó. También se refirió al despido discriminatorio: “En esta situación donde el trabajador es despedido, el que tiene que probar que fue despedido por causales de discriminación y donde no se puede pedir más la reinstalación es el propio trabajador”. “Esto también es un hecho importante en el mundo individual porque a veces sucedía que, ante casos de activistas sindicales que fueron despedidos justamente por su actividad sindical, se pedía la reinstalación; acá no se puede pedir más la reinstalación y vos como despedido tenes que aportar la prueba”, aseguró para concluir su presentación.

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Matías Cremonte.

El cierre del panel estuvo a cargo de Matías Cremonte, abogado asesor de la Federación, quien consideró que “estos espacios compartidos con los delegados son los más gratificantes y más fructíferos”. “Me gustaría compartir algunas reflexiones más generales sobre la política laboral”, inició y recogió lo dicho por Zamboni Siri al reiterar que el Gobierno nacional trata de profundizar la “política laboral del capital”.

“Esta reforma laboral de manera conceptual es mentirosa, es deshonesta, por lo menos como se presenta en el debate; dentro de la Ley Bases, este capítulo de la reforma laboral, se llama modernización laboral”, advirtió al tiempo que agregó: “Un poco con la explicación que Laura daba claramente podemos advertir que más que una modernización se trata de una vuelta al siglo XIX, cuando no existía derecho del trabajo y las relaciones podían regirse por el Código Civil, sin que exista ninguna protección laboral”. “Y es deshonesta o mentirosa porque cuando se presentan los fundamentos de esta reforma dice que tiene como objetivo la creación de empleo registrado, el crecimiento y la actividad económica así que esta reforma estaría llamada a tener un resultado virtuoso en la economía; nadie dice que esto va a ser mejor para los y las trabajadoras”, denunció. “Digo que es deshonesto o es mentiroso porque eso no ocurrió nunca en ningún lugar del mundo, ni en Argentina, donde en la década del 90 tuvo consecuencias trágicas”, insistió.

El abogado de la Federación resaltó que en todas las reformas laborales regresivas que se hicieron en el mundo se plantearon estos objetivos, sin embargo, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 63 países que habían reformado su legislación laboral en el 2015, arrojó como resultado que “en ningún país esa reforma laboral había tenido un resultado positivo; en ningún caso había creado empleo, al contrario, y en ningún caso había generado crecimiento económico. En todos los casos los indicadores fueron absolutamente adversos o regresivos”, informó Cremonte. La primera conclusión que pone sobre la mesa el abogado es que “la reforma laboral no incide en nada respecto a los objetivos que se plantean”, así como “tampoco es cierto que una reforma laboral progresista en otros términos implicaría un crecimiento económico, un crecimiento de empleo”. “Los resultados nefastos que estamos viendo hoy, la tragedia social que comenzamos a ver, es lógicamente consecuencia de la política económica que está en curso y no de las supuestas trabas de una legislación laboral”, aclaró.

En ese sentido, Cremonte indicó, entonces, que el objetivo del capital y del Gobierno nacional para implementar la reforma laboral es uno económico: “El objetivo de aumentar la rentabilidad y sus ganancias, que de algún modo suplanta la propia falencia del capital que no es capaz de hacerlo por la vía de inversión en tecnología, por la vía del aumento de la productividad; entonces, la forma de subir su rentabilidad y sus ganancias es aumentar la explotación de la fuerza de trabajo: pagar salarios miserables, esto lo reconoce el propio gobierno, y aumentar la jornada de trabajo lo máximo posible. Ese es el objetivo de esta reforma laboral y de todas las reformas laborales, en términos económicos”. Como ejemplo, habló de la reinstalación del impuesto a las ganancias sobre el salario de las y los trabajadores “para aumentar un ingreso para el Estado, al mismo tiempo que dejan de tributar las grandes riquezas”. El abogado destacó que esta política económica transfiere ingresos del salario a la rentabilidad de las empresas.

La segunda conclusión que presentó Cremonte es que esta reforma laboral ataca la “seguridad y la protección del trabajo” hasta el punto de “deslaboralizar las relaciones laborales, ya ni siquiera va a haber, en algunos casos, un contrato de trabajo; sino que será un contrato de derecho civil por medio del monotributo”. En la misma línea, habló luego de “la existencia de trabajadores pobres”. “¿Cuántos sindicatos, salvo ustedes y otros pocos, plantean en la paritaria la necesidad de tener un salario digno y ponen sobre la mesa lo que implica tenerlo? ¿Cuántos van, como fueron ustedes en la última paritaria, y dicen ‘necesitamos un salario mínimo de 1.240.000 pesos’? Muy pocos y eso contribuye a esa degradación salarial de la que es víctima nuestra clase trabajadora”, indicó y argumentó que “a través de esa política salarial es que se cumple de manera muy directa el objetivo económico y de aumento de la rentabilidad”. En el mismo sentido, habló de la jornada laboral y la pretensión del gobierno de Milei de que no haya más limitación a la jornada, “aquella bandera histórica que dio origen al movimiento obrero planteando ocho horas de trabajo para tener ocho horas de descanso”. Explicó que buscan legalizar con una reforma laboral que plantee sólo la limitación de doce horas de descanso entre jornada y jornada, y “en el medio que exista el banco de horas”. Lo mismo sucede, según palabras del abogado, con el trabajo no registrado y la eliminación de la indemnización agravada: “Otra demostración de la falacia de los fundamentos de la reforma laboral fue lo que hizo la Ley Bases de eliminar la indemnización agravada, entonces, un empleador puede tener a alguien sin registrar durante el tiempo que quiera y no va a tener ninguna consecuencia”.

Otro aspecto de los objetivos de la reforma laboral, presentado por Cremonte, fue la “sumisión”, es decir, “el objetivo de tener sometidos a los y a las trabajadoras para que no se sindicalicen, no protesten y no exijan el cumplimiento de los derechos”. El asesor legal ejemplificó: “La extensión del periodo de prueba hasta 12 meses. Si hoy un trabajador trabajaba hasta tres meses a prueba como máximo y a partir del día siguiente ya pasa a ser trabajador permanente de la empresa, ahora va a poder estar hasta un año a prueba”. Explicó que esta medida genera que los patrones contraten por 11 meses y 29 días y luego despidan, generando una rotación constante con el agravante de que el trabajador que está en periodo de prueba “va a estar sometido, va a acceder a cualquier tipo de exigencia con la promesa de que va a ser efectivizado”.

Por último, retomó el objetivo de la reforma laboral relacionado con la “deslaboralización” para destacar el “objetivo de disciplinar en general a la clase trabajadora, pero en particular a los obreros y obreras organizados”, es decir, los “aspectos colectivos de la reforma laboral”. Sobre esto, aclaró que si bien el DNU era más “ambicioso” en cuanto a las limitaciones de los derechos colectivos y no prosperó aun, sí ocurrieron dos cosas: “Primero, por la vía de una resolución del Ministerio de Seguridad, el avance y comienzo de la criminalización del derecho a la huelga, con ese protocolo de Patricia Bullrich que impide marchar por las calles y se presume que es un delito, que tiene una aplicación todavía tenue, pero un objetivo muy claro de penalizar la acción colectiva y la acción civil”. El segundo es la modificación en la reforma laboral del despido con justa causa. “La reforma laboral inclina la cancha directamente para el lado del empleador porque dice, en términos generales, que si en el marco de una medida de fuerza, los trabajadores bloquean la planta, comete algún acto que implique un perjuicio para la empresa o para terceros, es decir, todo lo que ocurre normalmente en una huelga, en una medida de fuerza, puede ser considerado justa causa de despido”, indicó Cremonte, que puso de ejemplo la huelga lanzada por los trabajadores ceramistas: “Todas las empresas multinacionales, parecidas a las nuestras, enviaron telegramas intimando a los trabajadores y a los delegados a que cesen con la medida de fuerza, bajo el apercibimiento de aplicar el nuevo artículo de la Ley de Contratos de Trabajo que le va a permitir despedir o iniciar un desafuero en el caso de los que son delegados. Es decir, lo que rápidamente entró en vigor de la reforma laboral fue lo que les da poder a los empresarios para atemorizar y disciplinar a los trabajadores y sobre todo a los que pelean”.

“Frente a esto, ¿qué hacer? Primero no dejar de hacer nada de lo que hacíamos. La acción sindical, la acción colectiva, el derecho a la huelga, la asamblea o las modalidades que nosotros estemos acostumbrados a llevar a cabo, no hay por qué dejar de hacerlas. Hay que seguir peleando de la misma manera que se peleaba”, planteó Cremonte y agregó: “Esto no debe generar el temor que pretende generar para que dejemos de ejercer el derecho a la huelga, que además es un derecho humano fundamental, es un derecho constitucional. Se puede enfrentar también la reforma laboral, lo decía Laura, a través de la negociación colectiva o, mejor dicho, a través del poder de nuestros propios sindicatos”. “Nuestra fuerza y nuestro poder nos va a permitir que en nuestra actividad no se cumpla esa reforma laboral; y hasta podemos, en alguna instancia ofensiva, intentar que nuestros convenios colectivos la prevean. Y desde luego que esta unidad entre el Sindicato Aceitero de San Lorenzo y la Federación es la clave para que eso funcione. Mientras esto se dé de esta manera, creo yo, y no solo hablo con el optimismo del corazón, sino también con el de la razón y de conocer esta experiencia, esta reforma no va a ocurrir”, auguró.

Pero también, de cara al futuro, Cremonte advirtió: “Va a ser difícil mantener en el tiempo todas las condiciones de trabajo, los niveles salariales y de organización que se hayan conseguido en esta actividad, en la medida que sólo sea una conquista de los obreros y las obreras aceiteras. Mientras veamos que se empieza a perder en la fábrica de al lado, dentro del Cordón Industrial, dentro de la zona en otro lado, y que derrotan un sindicato y que le modifican un convenio colectivo y que nos condenan por una huelga y que tercerizan todo, un día van a llegar. No va a alcanzar con las fuerzas de los aceiteros. Le pasó a los ferroviarios, pensemos en la UOM de los años 70”, recordó. “Entonces, la obligación que tenemos, y hemos ido cumpliendo, es contar el éxito de la lucha de los aceiteros y también la necesidad de acudir a la acción sindical para afrontarlo. Pero también la obligación que tienen ustedes, como delegados y delegadas, es acercarse solidariamente a fábricas de otros gremios, otras actividades, conversar sobre los triunfos aceiteros, propagandizar la obligación de este sindicato para que, si esto se transforma en una unidad real de clase y la lucha sea de resistencia, sea avanzada, sea de conjunto, esa va a ser la única garantía para el éxito”, concluyó.

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Al cierre del panel “La reforma laboral regresiva: Aspectos individuales y colectivos”, tomó la palabra Succi, acompañado por Yofra, y habló de los efectos de la tercerización. “Cuando, en 2012, nosotros efectivizamos a 1.700 compañeros acá en la zona, en las empresas en las cuales trabajaban ninguno tenía nombre y apellido, eran órdenes de compra, venta de carne humana. Muchos de los que están acá eran trabajadores contratados, que pasaron a ser efectivos, y estaban denominados de esa manera”, relató. “Nos pudimos defender, lo pudimos revertir. Hoy estamos con la ley, con este gobierno, y los únicos que podemos defenderlo somos nosotros, porque la clase política ya vimos lo que pasó, ya vimos para qué lado apuntan los gobernadores de cada una de sus provincias, de todos lados. Entonces, si no salimos a defender nuestros propios derechos, compañeros, no lo va a hacer nadie”, incentivó Succi. “Esto tiene que ser un abrazo de oso, tenemos que salir de acá convencidos que cuando quieran aplicar la reforma laboral tenemos que estar todos juntos”, propuso.

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A continuación, Yofra cerró el panel reafirmando: “Una gran parte de los compañeros y compañeras delegados que hoy están en este recinto han sido contratistas y deben contarles su experiencia a aquellos jóvenes que ya entraron con un sueldo, que algunos dicen de privilegio, pero yo creo que es un salario que nos hemos ganado a través de la lucha, de la huelga, de discutir y enfrentar independientemente el gobierno de turno que esté. Simplemente con la consigna y la ideología de clase que tenemos de defender nuestros derechos”. “No estamos defendiendo solamente a los trabajadores y trabajadoras que hoy están dentro de la empresa, sino el futuro también de nuestros hijos. El salario nuestro nos alcanza para cubrir la necesidad de alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, esparcimiento, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. Eso es lo que nosotros discutimos y eso es lo que vamos a seguir discutiendo”, aseguró y concluyó: “No hay ninguna manera de que nosotros podamos seguir avanzando y seguir sosteniendo ese salario digno para nosotros y para nuestra familia, si no es a través de la unidad y de la lucha. La huelga es una herramienta y la tenemos que utilizar “.

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Segundo panel: “La política económica del Gobierno Nacional y sus consecuencias. Panorama actual de impuesto a las ganancias a la 4ta categoría” 

Tras un breve receso, comenzó el segundo panel con la participación de los integrantes del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, asesores económicos de la FTCIODyARA, así como Juan Santarcángelo, Doctor en Economía e investigador del CONICET, y María Eugenia Sandoval y Silvia Zeballos, asesoras contables del SOEA San Lorenzo.

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María Eugenia Sandoval.

El panel inició con la palabra de Sandoval, quien trabaja desde hace ocho años en el SOEA San Lorenzo y que desde su experiencia compartió el análisis de las nuevas medidas del gobierno de Javier Milei y sus consecuencias económicas. Entre ellas, la Ley Bases junto al Paquete Fiscal, el cual contiene el nuevo Impuesto a las Ganancias sobre el salario que ya tiene decreto reglamentario y que al día siguiente del plenario, el jueves 25, terminó de ser reglamentado por la AFIP.

Sandoval se refirió a las modificaciones en la aplicación del nuevo esquema vigente del Impuesto a las Ganancias en relación al anterior del impuesto cedular (que es la denominación que quedó tras la modificación de la ley de Sergio Massa en septiembre de 2023): “Las principales características del cambio son que el impuesto a las ganancias es progresivo y personalizado, mientras que el impuesto cedular no”. Sandoval comparó ambos esquemas tributarios y aseguró que una de sus diferencias tiene que ver con que el previo impuesto cedular “no tenía en cuenta las cuestiones personales, además que la alícuota era de un 27 a un 35%, en cambio en el impuesto a las ganancias, es de un 5 a un 35%, y también pueden deducir tanto cuestiones generales como personales”. Sandoval agregó que “el piso para empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias es de $ 1.800.000 bruto para un soltero, y $ 2.300.000 para un casado con dos hijos”; mientras que “en el impuesto cedular, como era antes, se medía por el salario mínimo que eran aproximadamente quince salarios mínimos por mes”.

Otra modificación a la que refirió Sandoval fueron las exenciones del artículo 26, los incisos X y Z del Impuesto a las Ganancias, que fueron derogados. “Esto quiere decir que las diferencias entre las horas extras y las horas normales ya no están más. El bono por productividad, fallo de caja, conceptos de similar naturaleza, el sueldo anual complementario, o sea el aguinaldo, ya no están más exentos. Todo esto ahora queda gravado”, explicó. Otra modificación resaltada por la asesora fue el artículo 82 donde “se eliminan las deducciones por gasto de movilidad, viáticos, compensaciones análogas pagadas por el empleado, que antes eran hasta un 40 % de la ganancia no imponible”, indicó, así como los cambios al artículo 94 que “elimina el párrafo donde se computaba horas extras para aplicar la alícuota”. Sandoval fue contundente en este punto: “Todo lo que es horas extras va a estar todo gravado. Todo. Y también se derogan excepciones o deducciones de la base imponible en conceptos de gastos, de gasto de representación, viáticos, movilidad, beneficios sociales, gastos de guardería, cursos de capacitación, ropa y equipo del trabajo. Todo eso se deroga, así que ahora va a estar gravado”. Sobre las deducciones personales, Sandoval explicó que se agrega una nueva que “se llama de la doceava parte, que es la suma de la ganancia no imponible, de la carta de familia, más la deducción especial, la doceava parte de eso, ahora también se puede deducir”. Un cálculo hecho por la asesora reveló que para un soltero es aproximadamente de $ 1.494.000 y para un casado con dos hijos, de $ 1.981.277, valores que se dividen en 12 meses.

Luego destacó los cambios en la tabla del artículo 94 y mostró un cuadro de la progresividad de las alícuotas que “va de un 5 a un 35% y eso es lo que se va a aplicar a la base imponible una vez que al sueldo se le hagan todas las deducciones correspondientes”. Así, mostró cómo van a ser las actualizaciones, tanto de las deducciones como de la tabla del artículo 94, e informó: “Para 2024, la actualización excepcional va a ser en el mes de septiembre por el IPC correspondiente de junio a agosto. Antes, si recuerdan, se actualizaba por RIPTE. Ahora, lo que vuelve es el modelo tradicional o anterior del impuesto cedular. Para el año 2025, la actualización va a ser semestral, el primero de enero y el primero de julio y se va a hacer por el coeficiente del IPC del semestre anterior. Excepcionalmente, en el mes de enero del 2025, la actualización va a ser por el coeficiente. En vez del semestre entero va a ser por el coeficiente de septiembre a diciembre del año 2024”.

En ese sentido, su colega Silvia Zeballos, también asesora del SOEA San Lorenzo, sumó su palabra para aclarar que este año “recién va a actualizarse con el IPC de junio a agosto, por lo cual todo el primer semestre del año 2024 con la alta inflación que tuvo el IPC no va a ser objeto de actualización, con lo cual hay una pérdida importante del salario de los trabajadores porque le va a repercutir de mayor manera el impuesto”. En este sentido, Sandoval agregó que se facultó al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda incrementar los importes de estas deducciones, tanto del artículo 30 como de la escala del artículo 94. Quedando a la discrecionalidad del titular de la Presidencia de la Nación.

Sandoval retomó haciendo referencia a la victoria conseguida por las y los aceiteros en enero de 2023 sobre los ítems que fueron exentos del Impuesto a las Ganancias, y confirmó que los cambios implican que “todo eso está gravado”. “Se incorpora al artículo 82 del Impuesto a la Ganancias, de cuarta categoría, lo siguiente: Todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo en relación de dependencia es base imponible”, detalló y agregó: “Esto significa que de ahora en adelante todos los conceptos que tienen en el recibo de sueldo van a estar gravados. Todo”. “Lo que ustedes lograron el año pasado, donde los turnos rotativos estaban exentos, el bono de productividad, fallos de caja, las modificaciones, ahora todo va a estar gravado”, reiteró. Lo único que quedó exento del impuesto a las ganancias es  la “ropa de trabajo y equipamiento para uso exclusivo en el lugar del trabajo que lo pague el empleador” y “los pagos de cursos de capacitación y especialización”. Sandoval explicó “se podrá computar una deducción especial”, relacionada al cambio del impuesto cedular al nuevo Impuesto a las Ganancias actual, “lo que hay que hacer es calcular el impuesto a las ganancias retroactivo al mes de enero y a lo que me da tenemos que restar lo que ya me había retenido el impuesto cedular. Si tengo una diferencia, lo voy a tomar como una deducción especial por única vez, entonces no voy a tener que pagar nada. La cuestión es que si por impuesto cedular me retuvieron más de lo que ahora me da el impuesto a las ganancias todavía no se sabe cómo nos van a devolver”.

La asesora económica compartió un caso testigo para calcular de forma orientativa las retenciones para julio de 2024. Se analizaron las categorías A, D y F del convenio del SOEA, con los conceptos de sueldo básico conformado, presentismo, antigüedad de 15 años, turno rotativo para la categoría D y F y 40 horas aproximadamente mensuales extras, “eso lo que genera es una remuneración bruta para la categoría A de $ 2.091.493; para la categoría D, $ 3.079.899 y para la categoría F, $ 4.096.709”, detalló. Sandoval enfatizó que es un ejemplo orientativo de cuáles serían las retenciones. Para julio, un soltero de categoría A tendría una retención de $ 21.452, mientras que para la categoría D, sería $ 222.180. “Es decir, que por un millón de pesos que pasamos de una categoría a otra, ya pagan 200.000 pesos más”, indicó. Un soltero de categoría F tendría una retención de $ 531.330. En el caso del casado con dos hijos, la categoría A no tendría retenciones, en la categoría D serían de $ 106.446 y en la categoría F, $ 374.404. “Tengan en cuenta que estos valores son sólo orientativos”, reiteró la aclaración.

Tras relatar y explicar los cambios en el Impuesto a las Ganancias, Sandoval mencionó otro aspecto regresivo de las modificaciones que trajo la Ley Bases y su Paquete Fiscal, ya que se aplicó la unificación de la cuota de los bienes que están en el país con los que están en el exterior. “¿Qué queremos decir con esto? Que los que se benefician son aquellos que tienen mayores bienes, y más los que tienen bienes en el exterior, mientras que el trabajador aceitero lo que tiene que hacer es pagar Ganancias. Los que tienen bienes en el exterior y, aparte los que tienen mayor capacidad para adquirirlos, se ven beneficiados porque van a pagar menos o algunos directamente no van a pagar”, denunció.

Para cerrar con las modificaciones, la asesora Zeballos recalcó “la importancia que va a tener completar el formulario mensualmente con las deducciones si esto queda de esta manera para que en recursos humanos de las empresas la deducción sea de acuerdo a la situación personal de cada uno. Como los montos repercuten en la aplicación del Impuesto al salario, el control que cada uno de los trabajadores y trabajadoras deba hacer sobre eso es importante”. Y agregó: “Ante las dudas que surjan hay que consultarnos para, de esa manera, ver que en los departamentos de recursos humanos de las empresas se aplique esto de la manera que resulte menos gravosa para cada uno de los trabajadores”.

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Sergio Arelovich.

A continuación tomó la palabra Sergio Arelovich, integrante del MATE y asesor de la Federación, y relató que su rol es “colaborar en esta larga pelea” de los aceiteros, por lo que festejó que en este plenario se busque “defender lo que tanto costó conseguir”. Con ese objetivo, compartió una primera cuestión: “Estamos en presencia del cuarto ensayo, desde los años setenta en adelante, de redistribución brutal de los ingresos en el que pagan la cuenta los asalariados registrados en el sector privado y el sector público, los asalariados y asalariadas no registradas, los trabajadores independientes, pero también los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas”.

Además, esta “redistribución de los ingresos aplicada en el presente ensayo, con Milei, se hizo en pocos meses, de entrada, en los primeros tres meses de gestión”, señaló Arelovich, que también recordó los tres periodos anteriores en los que esto ocurrió: con la dictadura genocida el primero, con los gobiernos de Menem y De La Rúa el segundo, y el tercero, bajo el gobierno de Macri.

La segunda cuestión que mencionó tiene relación con la “composición de la ganancia empresarial”. “El capitalismo, el sistema que existe en todo el mundo, se caracteriza por extraer una parte del trabajo que desempeñan las y los trabajadores, la plusvalía, en eso consiste el funcionamiento tradicional; pero ha habido transformaciones importantes en la historia del capitalismo reciente, los últimos 50, 60 años, que hacen posible que una parte de la ganancia no tenga nada que ver con la actividad tradicional, que es explotar a los trabajadores, si bien esto sigue siendo relevante. Sino que tiene que ver con capturar lo que sea y de la manera que sea, ya sea a costa de los trabajadores pero que no tiene que ver con lo que ocurre en la jornada de trabajo, así como perjudicando el Estado, mintiendo en el pago de impuestos, derivando las actividades a otras regiones. Son algunas características que no quedan solamente en el terreno administrativo”, denunció. En ese sentido, se apoyó en el análisis que hace el MATE desde 1998 sobre el anuario de estadísticas tributarias de la Administración Federal de Ingresos y explicó que “una cosa que nosotros retratamos, es lo que declaran las empresas, y lo que creemos es que, de lo que declaran, hay una parte de la ganancia que está explicada por la actividad tradicional, pero hay otra, que en promedio es más o menos un 20 o 25 %, que no tiene nada que ver en principio con la actividad tradicional, sino que es la renta financiera, otro tipo de rentas trasladadas bajo la forma de precios a otras empresas, o al público consumidor, o inclusive perjudicando al propio Estado en las contrataciones públicas”. Así explicó que las empresas tienen dos fuentes de ingresos “en la construcción de las ganancias que se apropian”, a las que se suman los subsidios que reciben. Arelovich sumó al análisis las cifras del INDEC sobre las grandes empresas e informó que, en 2020, “las empresas registradas en el país recibieron más subsidios que las ganancias que se apropiaban”. En promedio, entre 1992 y el último año disponible, aproximadamente los subsidios son un 8%, lo que significa que, “de cada 100 pesos de ganancia, 8 pesos lo puso el Estado, es decir, lo pusimos nosotros”. El asesor de la Federación resaltó que “parte de la ganancias” de estas grandes empresas” se conforman con “la capacidad de acción que tienen sobre los Estados”. La tercera cuestión que compartió Arelovich es la idea que circula sobre que “por un lado, hay indicadores que muestran la crisis, pero por otro lado hay crisis en los indicadores, es decir, las herramientas tradicionales que utilizamos para medir son viejas, y necesitamos otro tipo de tecnología y otro tipo de instrumentos para medir el verdadero daño que se provoca”.

En este escenario, Arelovich instaló el debate sobre “¿Cuáles son imaginariamente los efectos diferidos del conjunto de políticas del gobierno o ausencia de ellas?” para poder asociar con una cuarta cuestión que es “previsibilidad e irreversibilidad”. El asesor lo explicó de la siguiente manera: “Nosotros nos hemos acostumbrado a que después de cada ciclo dictatorial y neoliberal, ha quedado una estela de normas, de leyes, de decretos, de reclamaciones, etcétera, que los gobiernos nacionales, populares, progresistas, como lo quieran llamar, en general, no han removido, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, esto se plantea como un desafío para el futuro que tiene que ver con la previsibilidad e irreversibilidad”. En este sentido, ejemplificó: “Durante la dictadura se editaron 1.500 normas y un poco más de 1.400 todavía están vigentes; algunas de mucho peso”. “Entonces, el tema de la previsibilidad e irreversibilidad nos obliga a elegir los lugares de la pelea y la intensidad puesta para cada una de ellas. Hay que pelear fuertemente contra aquellas cuestiones que pueden ser irreversibles, o reversibles a muy largo plazo, y dañan fuertemente a las generaciones actuales y las futuras”, consideró.

Luego, habló de la lucha aceitera por el Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y aseguró que se trata de un debate mundial sobre “si el salario debe ser fijado por el mercado o por la necesidad de cada uno de los trabajadores”. Arelovich señaló que la pelea desde la perspectiva de que el salario lo fijan las necesidades del trabajador “ha dado lugar a cuerpos normativos de gran relevancia, que en el caso de Argentina arrancan el 20 de diciembre de 1945, día en que en el Boletín Oficial se publicó el decreto que creó el salario mínimo, y que se perfeccionó en 1957 cuando la reforma de la Constitución, mientras estaba proscrito el peronismo, incorporó el 14 bis hablando del salario mínimo”. También repasó la Ley de Contrato de Trabajo, “ahora tan cascoteada por esta reforma aprobada por el Congreso”, y la ley 2.403 que es la Ley de Empleo creada en los años 90. Sobre esta última, Arelovich señaló algunas particularidades. “La primera es que no solo refuerza el concepto del salario mínimo sino que además obliga al Consejo del Salario a cumplir el inciso C del artículo 135 de la ley que es un procedimiento para el cálculo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cosa que el Consejo del Salario jamás hizo y que nosotros hacemos con nuestras estimaciones”, advirtió, y denunció que “por eso el salario mínimo apenas supera los 200.000 pesos, lo que es una burla en sí misma, cuando por lo menos a valores de junio debería estar en 1.600.000 pesos”.

Otra particularidad tiene relación con el análisis de los balances de las empresas: “En el 100% de los balances de las empresas, en la sección donde están las notas de los estados contables, es inevitable encontrar un relato por parte de la empresa de los litigios que tiene con la AFIP por ocultamiento de ventas, por distorsiones de precios, por mentiras en los pesajes, por mentiras en las calidades, etc. Esto es norma, todos los balances empresariales contienen una lista de los conflictos que, en algunos casos, son multimillonarios como lo fue por ejemplo el caso Vicentin, pero también lo es para las que siguen en actividad”.

Por último, Arelovich retomó lo analizado por las asesoras del SOEA San Lorenzo y calificó la restitución del impuesto a las ganancias sobre el salario como “injusto” y señaló que no cumple los requisitos legales. Pero, además, destacó que “esto fue acompañado por la reducción del impuesto a los bienes personales” e hizo una reflexión al respecto: “Este impuesto existe en todo el mundo y está combinado con otro, que en Argentina la dictadura lo eliminó y sólo fue restaurado por la provincia de Buenos Aires, que es el impuesto a la herencia. En Argentina no existe el impuesto a la herencia. La combinación del impuesto a la herencia con bienes personales, con ganancias de las empresas y los ingresos más altos personales es una materia pendiente en el caso de la Argentina”. Arelovich arrojó datos sobre este concepto: según cifras oficiales, en Argentina hay aproximadamente un millón de personas que presentan su declaración jurada. De los últimos siete años publicados, del millón aproximadamente de declaraciones juradas, solo 450.000 personas humanas pagan el impuesto a los bienes personales. “Uno podría decir: el 10% de personas de la población económicamente activa que más tienen que ganar en la Argentina serán más de 4 millones. Sin embargo, algo parecido al 10%, es quien presenta los bienes personales. Es una deuda, no de este gobierno ahora, porque no se puede decir que es eso, sino de la democracia que supimos conseguir desde la salida de la última dictadura”, concluyó.

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Natalia Pérez Barreda.

A continuación fue el turno de la integrante del MATE Natalia Pérez Barreda, que comenzó con un gran interrogante que interpela al sector: ¿El campo, los exportadores, van a liquidar o no? “Esa fue la pregunta que nos hicimos en el plenario anterior, hace tres meses, y ahora hay unos cuantos datos que nos están indicando qué es lo que sucedió y cómo trabajó el sector en este año”, explicó y agregó que la importancia de esta pregunta radica en que es el sector “que aporta un tercio de los dólares que se consiguen por exportaciones de bienes y servicios en el país; y, si sumamos al resto del sector agroexportador, estamos hablando de un 40% de los dólares que este gobierno necesita”. La asesora explicó que el gobierno de Milei tiene dos maneras de conseguir dólares: con la exportación o con el régimen de inversiones para que la inversión extranjera entre, “en el corto plazo, esto es más difícil, por lo tanto la apuesta del gobierno para la estabilización de la economía fue justamente que el campo liquide la cosecha”.

Así, la economista reveló que, hasta junio de 2023, el sector exportador se encontraba liquidando la misma cantidad de dólares que el año pasado, sin sequía. “El año pasado tuvimos una sequía muy importante con caídas de producción del 30% para la soja, un poco más para el maíz y demás, y en cantidad de dólares estamos consiguiendo como país la misma cantidad que un año de una sequía histórica”, detalló. Esto se da por dos variables, según explicó Pérez Barreda, por un lado, “los precios de los bienes que exporta el complejo sojero están más bajos que el boom de precios que se produjo en 2021 y 2022. Pero no están tanto más bajos”. En ese sentido, confirmó que “en el campo y el sector agricultor se está reteniendo, no se está liquidando”. En términos de ventas de los productores de soja, informó que se está en un 33% de la cosecha 2023-2024.  “Hasta el 22 de julio de 2024, si consideramos solamente lo que se cosechó en la última cosecha, se vendió solamente un tercio; años anteriores, en los niveles normales, estaríamos cerca de un 40%. Es decir, el campo está reteniendo, no está vendiendo la soja”, sentenció. “Pero tampoco la industria está vendiendo”, advirtió e informó que en el sector de molienda está a los niveles previos a la sequía. “La industria está trabajando a niveles normales, pero las empresas no están exportando en los niveles anteriores. Las declaraciones por la exportación que presentan las empresas muestran que estamos en tercer lugar de la peor cantidad de ventas declaradas, tras la pandemia y la sequía de 2023. Es decir, en el 2024 no vienen tan bien las ventas de las empresas”, informó y resumió: “Básicamente, el campo está reteniendo, las empresas no están vendiendo en su totalidad y ustedes están trabajando a niveles similares a los años previos”.

Sobre este escenario, la economista explicó que “el sector está pidiendo básicamente tres medidas para acelerar la liquidación”. La primera que pide es lo que llaman “unificación cambiaria”, Pérez Barreda aclaró: “Básicamente lo que están pidiendo es una devaluación”. La segunda medida sería “una versión mejorada del dólar blend, en un 50 a 50 para que tengan un valor mayor tipo de cambio y puedan obtener mayores ingresos”. Y la tercera, “se dio a conocer de la reunión que tuvieron con la Sociedad Rural, es la idea de la promesa de quitar retenciones”, explicó la economista y aclaró que el Gobierno nacional aseguró que por ahora no ocurrirá; “hasta que no tengamos equilibrio fiscal, las retenciones se quedan como están”. Como síntesis, Pérez Barreda concluyó: “El sector está produciendo a niveles normales, pero no se están dando las exportaciones a los niveles previos, en puja por mayores beneficios para las empresas y para el campo para conseguir mayores ingresos”.

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Juan Santarcángelo.

Para cerrar el panel tomó la palabra Juan Santarcángelo, Doctor en Economía e investigador del CONICET, quien retomó la idea de Arelovich sobre el “cuarto intento de avanzada neoliberal en nuestro país con una particularidad que es muy importante y es que es la primera vez que todo el capital económico, nacional y extranjero, está apoyando al gobierno”. En esa línea, aseguró que el objetivo que tienen es “sumamente ambicioso” ya que buscan “refundar de alguna manera el contrato social y cambiar de raíz la relación entre capital y trabajo”. “Sergio (Arelovich) recién decía la importancia de la cuestión normativa, y la primera transformación que lleva a cabo este gobierno es armando una ley que trata de modificar de raíz muchas de las relaciones laborales, la reforma laboral, cuestiones estructurales del funcionamiento de la economía con un eje claro que es de perjudicar a la clase trabajadora”, insistió.

Cuando La Libertad Avanza llega al poder plantea, según el economista, cuatro ejes. “El primero es bajar la inflación, tenerla controlada, que ya en el último mes falló. El segundo es mantener el superávit fiscal, con este discurso de la emisión cero”, explicó y agregó: “Si uno mira todos los países internacionales desarrollados, todo el mundo, todos tienen déficit. El problema no es tener o no déficit, sino tener cómo financiarlo. Tercero hacer toda esta transformación con el objetivo de levantar el cepo y cuarto, eventualmente, dolarizar o ir a una convergencia de monedas”, todo ello para “tener una recuperación en V, es decir, una caída abrupta y después una recuperación”. “El problema es que no están tomando ninguna medida económica para la reactivación”, aseguró. El investigador del CONICET se refirió a la expresión “hay que darle tiempo” y argumentó: “La realidad es que si no cambian las medidas económicas esto va a seguir deteriorándose”. En términos de estos cuatro ejes, indicó que, sobre bajar la inflación, la llegada del gobierno generó una fuerte suba que, si bien fue bajando, el último mes volvió a subir. Sobre el superávit fiscal indicó que “lo presentan como algo espectacular, la verdad es que es bastante ficticio, hay pateados un montón de pagos que tiene que hacer el Gobierno”. “La cuestión de levantar el cepo, en el contexto actual, requiere dólares, obviamente es impracticable, lo mismo que dolarizar y el repunte en V es más una letra I, es una caída”, argumentó. A este escenario, Santarcángelo sumó que las reservas del Banco Central están “prácticamente en cero” lo que genera la “urgencia” por conseguir dólares, que se agudiza ante los vencimientos de las deudas con organismos internacionales y la necesidad de reactivar la economía.

Tras la contextualización, el economista explicó que el gobierno intentó cinco caminos para tratar de conseguir esos dólares: “El primero fue el RIGI aprobado en la Ley Bases, el segundo mediante el blanqueo de capitales, el tercero es con el ingreso de dólares de los que exportan, el cuarto con la recaudación fiscal y el quinto con nuevos préstamos”. “Cuando uno mira estos cinco canales, uno ve que el RIGI es un esquema virtualmente de saqueo y que en sí no garantiza nuevos ingresos en el corto plazo”, detalló y continúo analizando los caminos tomados por Milei: “Sobre el blanqueo actual, aclarar que el realizado por Macri fue el segundo más grande de la historia del capitalismo, se blanquearon 116.000 millones de dólares y al Estado le entraron 9.500 millones. Hoy lo que espera el gobierno, en el mejor de los casos, son 1.500 millones de dólares”. Sobre la entrada de dólares por los exportadores, por el campo, “la brecha está cercana al 50%, el gobierno anunció que va a intervenir y esto tiene dos problemas: por un lado, va a perder reservas el BCRA tratando de bajar la brecha, y segundo, que es contrario a lo que el Fondo Monetario Internacional le exige”, ya que el organismo internacional pide una devaluación y que no intervenga en el mercado. “En términos de la recaudación fiscal, en junio, cayó el 14% real y viene creciendo más o menos un 50% abajo del nivel de inflación, es decir, en términos reales tampoco está funcionando la recaudación”, aclaró sobre el otro camino adoptado por La Libertad Avanza. Por último, sobre estas decisiones gubernamentales, Santarcángelo se refirió a la negativa del FMI de otorgar un nuevo préstamo.  “Así con lo cual, de estas cinco estrategias, aparentemente es muy difícil que puedan surgir los dólares que el gobierno necesita. Y a esto se le sumó un problema adicional, no menor, que recién está empezando a pasar, que es que parte de los grupos económicos que lo estaban apoyando, están empezando a mostrar ciertas dudas de alguna manera con el modelo”, informó.

“Entonces, uno se podía preguntar ¿qué es lo que puede hacer? ¿Y si tiene margen para hacer algo distinto?”, cuestionó y continuó: “En este escenario, me gustaría pensar entre todos un poco sobre las responsabilidades de que estemos acá. Estamos en una situación catastrófica en términos económicos y cuando uno piensa en las responsabilidades, algunos podrían decir que es culpa de la política, pero si uno toma una mirada de largo plazo puede ver que hay un actor que no aparece a simple vista y es el poder económico”. Santarcángelo recordó que, si bien los militares fueron juzgados por los crímenes de lesa humanidad, el poder económico que también formó parte no lo fue. En ese sentido, dijo que es “imprescindible” identificar a los grupos económicos, “empresas bajo un mismo control de operaciones pero en distintos sectores”. Mencionó al grupo Clarín y la empresa Cerro Negro. El economista expresó que “es muy importante entender” el impacto de los grupos económicos: “Por ejemplo, la construcción se desploma, ¿y por qué las empresas que trabajan en construcción y que no están vendiendo, no tratan de que se reactive la economía? Y, en realidad, no presionan porque están tan diversificadas en tantos sectores que lo que pierden en uno lo ganan en otro. Pierden en construcción, pero ganan en energía”. “Entonces, es muy importante empezar a mirar a quiénes son los ganadores del modelo económico, estamos en una catástrofe social, los grandes grupos económicos están ganando una rentabilidad impresionante y operan en diferentes sectores y de algún modo se van cubriendo”, indicó y añadió: “Esta disputa, que ustedes llevan adelante y que son un ejemplo, es una que se tiene que dar en el lugar de trabajo, a nivel sectorial y a nivel nacional. El ejemplo de lo que hicieron los aceiteros contra la Ley Bases fue muy importante, es una intervención en la lucha nacional”.

Santarcángelo aseguró que “hay momentos donde las cosas parecen que son parecidas a otros procesos, como por ejemplo la situación en los 90” y advirtió que, en ese momento, el avance neoliberal era mucho grande a nivel mundial. “Hay momentos donde uno no ve claro cómo dar la disputa, pero resistiendo se va generando la comunidad que se necesita para poder enfrentar estos procesos”, aseguró y recordó: “Durante los 90 hubo parte del sindicalismo que nunca abandonó la carrera. Aparecieron diversas organizaciones que resistieron y, eventualmente, lograron generar la fuerza social para construir lo que vino después”. “Me acuerdo de todas las marchas de los 90 contra la reforma universitaria, contra la privatización y contra todo. Íbamos a marchar a las plazas sabiendo que iban a pasar la reforma, que iban a pasar las privatizaciones, etc. Pero uno sigue yendo, de alguna manera, uno va llevando un poco de agua para ir cargando al recipiente que uno quiere que rebalse; la particularidad es que uno no sabe ni cuánta agua carga, ni lo grande que es ese recipiente. Puede ser una pileta o un océano, pero uno va cargando y en un determinado momento rebalsa. Tenemos que estar preparados para eso, en la lucha cotidiana, juntarnos y pensar juntos es uno de los mejores caminos para estar preparados”, concluyó.

Al cierre del panel, Daniel Succi tomó la palabra para agradecer la participación de las y los oradores y aseguró que “sirve para profundizar y ver de qué manera llevamos adelante este plan de lucha”. “Porque esto es un plan de lucha, compañeros”, sentenció el Secretario General de SOEA San Lorenzo, ante la inminente votación para otorgar mandato a las conducciones de ambas organizaciones sindicales para planificar un plan de lucha conjunto. Succi llamó a los asesores legales para que regresen a la mesa de exposición para contar cuáles podrían ser las estrategias para frenar el impuesto a las ganancias.

Plenario 24julio2024 278

Zamboni Siri, asesor de la Federación, tomó la palabra y recordó cómo fue la lucha por las exenciones en el impuesto a las ganancias, “un planteo jurídico de ambos sindicatos, que terminó en esas resoluciones que después fomentaron que se ampliara a otras actividades y posteriormente se eliminó el impuesto a las ganancias. Es decir, fue una acción jurídica que pensamos que era difícil que sea resuelta formalmente y terminó así. Hoy estamos en una situación completamente distinta”.  “Entonces, como abogados de los sindicatos, lo que decimos siempre, y hemos aprendido así, es que las acciones jurídicas de por sí solas no garantizan nada si no van como una parte más del acompañamiento de la lucha de los sindicatos y los trabajadores. Entonces, lo que nos puede garantizar que el impuesto al salario no entre en los recibos de sueldo es la disputa que los sindicatos están dando y van a dar. No podemos poner por delante una acción jurídica en detrimento de la acción colectiva y de la lucha sindical”, explicó. En esa línea, el asesor de la Federación planteó que “la Justicia, en este país y en todo el mundo, depende y es una parte del poder, y los fallos que haya finalmente van a ser dictaminados por la Corte Suprema, con esta composición o con otra, y ahí se juegan cosas que van mucho más allá de si tenemos razón en los planteos jurídicos que hagamos; porque en esa Corte, los fallos son políticos y lo que vaya a decidir también va a depender de la lucha que se esté dando en las fábricas, en las calles”. Zamboni Siri aclaró que van a tomar medidas jurídicas sino que “todo depende de si le torcemos la mano al gobierno o no en una disputa en la que lamentablemente parece que estamos muy solos como sindicatos”.

Sobre estas posibles medidas, Zamboni Siri explicó que hay varios sindicatos analizando la situación, evaluando “la posibilidad de hacer planteos colectivos, que sean generales para toda una actividad, lo cual entendemos que es un poco más difícil en cuanto a la legitimación” o planteos individuales que “tienen que ver con casos particulares”. Lo mismo agregó la abogada Campas, quien planteó que “hay que analizar caso por caso porque hay que ver cómo repercute en cada bolsillo, a ver si tiene un tope confiscatorio o no. Pero, como dice Carlos (Zamboni Siri), la lucha tiene que salir hoy, como lo estamos haciendo”. Por último, Cremonte habló sobre “una idea que hay dando vuelta de que la Federación o cada Sindicato podría hacer un amparo, una acción judicial, y lograr que la justicia diga que no se aplica el impuesto a las ganancias en esta actividad a todos los representantes. Y eso es imposible, porque como dice Laura, por ahí algunos pagan 100.000 pesos y para otros pueden ser 500.000. Y lo que la justicia normalmente dice, la Corte Suprema, puede ser confiscatorio para un caso, pero para otros no, entonces no puede haber una solución general para todos los casos. Indefectiblemente va a pasar eso”. Aunque aclaró que algunos sindicatos ya presentaron un amparo basándose en la inconstitucionalidad del proceso de aprobación de la Ley Bases en el Congreso, donde solamente la Cámara de Diputados la aprobó y no el Senado, por lo que, en semanas, va a haber algún resultado.

“Quiero decir, no cerramos la puerta de que se empiezan a aparecer fallos presentados por sindicatos, que dicen que formalmente la ley es inconstitucional por su tratamiento, digamos lo contrario de lo que estamos diciendo ahora y decidimos presentarnos. Pero sería una excepción, en términos generales, no se puede hacer como sindicato y hay que ver los casos concretos. Y, por supuesto, la decisión por los hechos que viene llevando a cabo con las Federaciones de Sindicatos, es dar una pelea sindical y no circunscribirlo a lo jurídico, más allá de lo que eventualmente podamos hacer en función de lo que estamos diciendo”, concluyó Cremonte. Tras la explicación legal sobre el impuesto a las ganancias, el secretario general Succi tomó la palabra, en compañía de Yofra, y consultó a los y las delegadas aceiteras si estaban de acuerdo con la estrategia legal presentada, quienes dieron su aprobación.

Plenario 24julio2024 286

Luego de las intensas charlas técnicas, ambos secretarios generales agradecieron la participación de las y los delegados que son “la fuerza que tenemos dentro de la fábrica, los representantes directos de los trabajadores y trabajadoras”. Adelantando lo que se venía, Yofra indicó que “seguramente vamos a tomar una decisión en este plenario que va a repercutir, no solo en las empresas, sino en todo el país, porque se juntaron dos organizaciones de un sector que es pujante y que, obviamente, va a especular con las necesidades que hay hoy en una sociedad con más del 50% de pobreza, donde nos dijeron que venían a solucionar los problemas y lo han empeorado, entonces nosotros tenemos que salir a luchar como siempre lo hicimos”.

“Nosotros vamos a seguir haciendo huelga en la medida en que ustedes estén de acuerdo, en la medida en que ustedes hayan traído desde la base que quieren ir a luchar y enfrentar al que se ponga enfrente de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aceiteras. Muchas gracias, compañeros”, cerró Yofra entre aplausos.

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Succi comenzó sus palabras entre la ansiedad de los y las presentes que sabían que el momento más esperado del día estaba llegando. “Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber quiénes son los que están enfrente nuestros”, analizó y aseguró: “Tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación y tenemos un plan de lucha que está en marcha”. Si bien Succi aclaró que falta información sobre el impacto del impuesto a las ganancias, “todo esto lo estamos haciendo antes que el agua nos llegue al cuello”. Succi confirmó que tanto la Federación como SOEA San Lorenzo “tenemos definido el plan de lucha y tenemos el poder de todo el cuerpo delegado para la Comisión Directiva para tomar las decisiones en el momento que creamos conveniente”.

Ante la mirada atenta de los cientos de delegados y delegadas, Succi les propuso decidir si dan mandato a las comisiones directivas de ambas organizaciones sindicales “para tomar las decisiones en el momento que crea conveniente”. E insistió: “Creo que hay que seguir este plan de lucha, que se junte el movimiento obrero y salga a defender a todos sus trabajadores. Así que, vuelvo a repetir, ¿estamos de acuerdo en facultar a esta comisión directiva, tanto de SOEA San Lorenzo como de la Federación, para que siga la negociación correspondiente?”. Las manos alzadas y los aplausos dieron un sí unánime para un plan de lucha conjunto de las dos organizaciones sindicales de mayor impacto en el cordón industrial de Santa Fe. “Unidad de los trabajadores, y al que no le guste se jode”, gritaron los cientos de delegados y delegadas aceiteras en una sola voz que llama a la batalla.

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