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Conciliación obligatoria: el gobierno cercena el derecho a la protesta para aprobar una ley anti obrera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) ha sido notificada de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación a pedido de las empresas aceiteras Cargill, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Terminal 6 SA, T6 Industrial SA, Molinos Agro SA, Renova SA y COFCO Internacional SA en forma conjunta con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), con el objetivo de cercenar el derecho a huelga y limitar el alcance de la protesta contra la Ley Bases.

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La medida del gobierno nacional, que está conformado por empresarios y empleados a su servicio, busca evitar que las y los trabajadores hagamos huelga y nos manifestemos en la calle. Porque, aunque no están acostumbrados a trabajar, saben que la única forma de limitar nuestra movilización es prohibir la huelga, que es la mejor herramienta para defender nuestros derechos.

La huelga por tiempo indeterminado, que debía comenzar esta medianoche, era parte de las protestas contra el proyecto de Ley Ómnibus, denominado “Bases”, en particular, y contra la política económica del gobierno nacional que tienen como principal enemigo a la clase trabajadora, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a las y los jubilados. Lo prueba su debut en diciembre con una devaluación y la liberación de precios, que lo único que hizo fue licuar nuestros salarios y jubilaciones.

La decisión del gobierno nacional, que ejecutó la Secretaría de Trabajo de la Nación, sólo tiene como objetivo cercenar el derecho a rechazar en las calles a la Ley Bases y al Paquete Fiscal, que contiene una regresiva y noventista Reforma Laboral junto a un paquete de medidas que sólo favorecen a los sectores más concentrados y opulentos de la economía, reinstalando el impuesto al Salario, mal denominado Ganancias.

Con esta medida coercitiva que acaba de tomar el Poder Ejecutivo, se condiciona la posibilidad de las y los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón a expresarse democráticamente en las movilizaciones ante el Congreso y en las distintas localidades de nuestro territorio nacional.

Por eso, reafirmamos la necesidad de poner en marcha un plan de lucha que incluya una nueva Huelga General convocada por la CGT. Se debe profundizar en medidas de fuerza para frenar la política de un gobierno que ataca a quienes trabajamos, que busca destruir la industria nacional y liberar a los más ricos del pago de impuestos.

En el marco de la conciliación obligatoria, el gobierno fijó una audiencia para el próximo 19 de junio para tratar esta medida que es tan política como la Reforma Laboral que busca legalizar el fraude laboral y el despido discriminatorio. Exigimos que allí se siente el presidente Javier Milei o su ministro de Economía, Luis Caputo, o -al menos- Federico Sturzzeneger, coautor de la Ley Bases junto a los estudios patronales de las empresas nacionales y multinacionales más poderosas.

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.

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