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Nuestro compromiso con la verdad histórica y la representación de nuestros compañeros desaparecidos

Viernes 9 de Octubre de 2015 | Como ya se ha informado oportunamente a las compañeras y compañeros afiliados, nuestra organización gremial, junto al sindicato de Capital, se ha presentado como querellante en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra obreros, e integrantes de sus familias, de Molinos Río de la Plata de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en la dictadura cívico-militar de 1976.

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La responsabilidad por estos hechos es investigada en la causa Nro. 34000311 “NN s/privación ilegal de Libertad (artículo 144 bis Inc. 1)”, que tramita ante el Juzgado Federal de La Plata Nº 3, Secretaría Especial.

Para ser incorporados como querellantes, el 21 de noviembre de 2014, nos presentamos desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), de igual manera que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA), junto a nuestra representación legal, los compañeros abogados Juan Manuel Combi y Adriano Agreda, para impulsar la lucha por justicia junto a los familiares de las víctimas, compañeros Ceferino Mataboni, Analía Fernández y Roxana Freitas, y la docente Lorena Galeano.

El objeto de la investigación se centra en la participación que antiguos directivos de Molinos Río de La Plata S.A. tuvieron en la represión que padecieron los miembros de la Comisión Gremial Interna tras el golpe de Estado de 1976. En el transcurso del presente año comenzaron a realizarse las declaraciones testimoniales en la causa.

Las compañeras y compañeros que fueron víctimas de los delitos de lesa humanidad investigados son, en principio, Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía 6 meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.

Nuestra solicitud de ser partes en la causa se encuentra fundada en dos razones fundamentales.

En primer lugar, aún no se ha dado respuesta sobre el paradero los desaparecidos, por lo que nuestra organización sindical tiene la obligación de representarlos, ya que esa representación no ha cesado sino por el contrario, existe un deber ético de nuestra entidad para con ellos y sus familiares.

En segundo lugar, la verdad histórica sobre lo acontecido para con nuestros afiliados, también, guarda relación con el presente ya que la actual conducción de nuestra Federación se siente en la obligación de participar en la investigación de aquellos hechos cometidos en el pasado y que damnificaron a los afiliados del mismo, así como también al desenvolvimiento de nuestra entidad, siendo que la misma se vio intervenida en la dictadura por sujetos que lejos estaban de representar a los trabajadores.

Esta solicitud a la justicia de ser tenidos como querellantes en la causa de lesa humanidad que investiga a los empresarios y su accionar ilegal en la dictadura, es parte de una etapa en la que nuestra Federación resignifica el concepto de representación, expresando que los trabajadores están PRESENTES, ahora y siempre.

Los hechos:

En los años ’70, los trabajadores de Molinos se agruparon contra la modalidad del consorcio Bunge & Born que llevaba a cabo contrataciones que consistían en tomar personal por tres meses, con el propósito de no pagar cargas sociales. Así nació la Agrupación Gremial 17 de octubre, la que se propuso terminar con esa práctica de la patronal y otras formas de explotación contra los trabajadores y trabajadoras.

Los delegados que habían asumido la representación gremial en la planta de Avellaneda llevaban adelante una lucha política y sindical contra la patronal. Diversas medidas fueron llevadas a cabo por la Comisión Interna. Paros, huelgas, y tomas que tuvieron como respuesta el comienzo a la persecución a los activistas por parte de la empresa.

Asimismo, la Comisión Interna realizó una serie de denuncias ante la Secretaría de Comercio sobre las maniobras ilegales de la empresa para lograr mayores ganancias, y ello también sirve de contexto para entender el comienzo de la persecución.

Con el golpe de Estado de 1976 y la instauración del régimen militar se profundizaron las persecuciones a los trabajadores y activistas de la empresa, comenzando los secuestros y desapariciones.

El primer secuestro fue el de Avelino Freitas, al salir de su casa en Villa Corina, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a las cinco de la mañana, para tomar el colectivo que lo llevaba a la fábrica. Freitas era delegado gremial, parte de la comisión interna de 1973, integrante de la JTP y de Montoneros. Tenía tres hijos y su esposa estaba embarazada. El único dato que la familia logró saber con el tiempo es que un vecino dijo haberlo visto en la Comisaría 4 de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires.

Días más tarde, el 7 de julio, se produjo el operativo más importante, en la puerta de la planta. Entre los secuestrados se llevaron a Francisco Fernández, Roberto Ribolta y Santos Ojeda, que siguen desaparecidos.

Ricardo Almaraz, otro trabajador de la planta de Avellaneda, también se encuentra desaparecido, secuestrado ese día 7 de julio junto a su esposa Celia Arzamendia de su domicilio de Lanús, provincia de Buenos Aires.

El 13 de Julio de 1976 secuestraron en la vía pública a Juan Carlos Pasquarrosa, y dos días después a su hermano José Jacinto Pasquarrosa. Los dos obreros fueron vistos en dependencias de Coordinación Federal. Ambos habrían resultado asesinados en la denominada Masacre de Fátima, aunque no figuran en los registros oficiales como víctimas de ese hecho.

El 5 de octubre de 1976 fue secuestrado Humberto Dippolito en Capital Federal.

Augusto Vázquez, secretario general de la Comisión Interna, fue secuestrado el 2 de diciembre de 1976. Se lo llevaron de su casa de Florencia Varela. Augusto venía siendo buscado por la represión ilegal. Había sido electo en la planta de Molinos en 1975.

El 3 de diciembre del mismo año secuestraron a Carlos de Jesús Espíndola, José Luis Salazar y Rubén Mataboni.

Ya en 1977 continuaron los secuestros y desapariciones de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Molinos Rio de la Plata S.A.

El 24 de agosto de ese año asesinaron a René Fabián Albornoz, apodado “el Indio” o “el Lobo”, quien se desempeñaba en la sección Expedición. Albornoz era delegado gremial y miembro de la Comisión Interna de la planta de Avellaneda, hasta que renunció luego de enterarse de la persecución de la que era víctima. Se cuerpo nunca fue entregado a su familia. Asimismo, la esposa de Albornoz, Elba Noemí Musaschio, fue asesinada el 1º de Febrero de 1978, según registros de la CONADEP, mientras supuestamente era “perseguida” por un comando policial. Ambos tenían una hija nacida en agosto del año 1977: Paula Noemí, la misma fue secuestrada en el mes de enero de 1978, aún se espera su restitución.

El 11 de agosto, fue secuestrado Alfredo Patiño, alias “Flaco Tito”. Aún continúa desaparecido.

El 26 de Agosto se llevaron a Juan Omar Durante, quien también continúa desaparecido.

El 13 de septiembre secuestraron a Carlos Robles, quien continúa desaparecido, como Eduardo Rosen, secuestrado el 16 de septiembre de 1977 en Quilmes.

José Vega fue detenido ilegalmente entre el 5 y el 15 de noviembre de 1977, en la puerta de su domicilio de la localidad de Gerli, provincia de Buenos Aires, junto con sus hijos, a los que luego de unas horas los liberaro. Fue mantenido en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención “El Vesubio”. Continúa desaparecido.

El 5 de diciembre de 1977 desapareció Graciela Susana Vitale, empleada administrativa de la empresa Molinos Rio de la Plata S.A.

En 1978 fueron secuestrados Héctor Vidal y Marta Inés Ávila, quienes habrían sido vistos en el CCD “Vesubio”.

Este sucinto relato de los hechos y los nombres identificados hasta el momento no son más que una parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la empresa Molinos Río de La Plata S.A. que aún se encuentran desaparecidos, por ello nuestra organización entiende que se debe continuar investigando.

En aquel entonces, la burocracia del sindicato optó por el colaboracionismo con la dictadura, hecho que amerita que en la actualidad nuestra conducción colabore aportando toda la documentación respectiva.

Por todas las compañeras y compañeros desaparecidos, Memoria, Verdad y Justicia.

Prensa F.T.C.I.O.D y A.R.A.